La Comisión de Hacienda del Senado aprobó por unanimidad en general y particular el proyecto de ley que permite a la Tesorería General de la República (TGR) crear convenios de pago especiales para facilitar el pago de las deudas asociadas a los préstamos solidarios, que el Estado entregó a microempresarios del sector transporte menor de pasajeros (taxistas, colectiveros y servicios de transporte escolar, entre otros) en el contexto de la pandemia, mediante las leyes N°21.256 y N°21.323. La iniciativa, calificada con urgencia de "discusión inmediata" fue despachada a la Sala.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, explicó que a los 26.647 potenciales beneficiarios —considerando tanto deudores con convenio vigente y al día como a los morosos con y sin convenio— “se les abre una ventana de seis meses para suscribir estos nuevos convenios que les permitirán pagar la deuda en hasta 36 cuotas sin pie. Además, para evitar que el monto se siga reajustando, al momento de suscribir el convenio la deuda en UF se traspasará a pesos”. Recordó que las leyes que originaron estos préstamos las dejaron exentas de multas e intereses y comentó que según los datos de Tesorería al 28 de agosto el saldo de la deuda es de UF 651.337 repartidos en 83.382 préstamos y 26.647 contribuyentes.

Consultada por la implementación de las repactaciones, Berner dijo que “estamos trabajando con Tesorería para que una vez que se termine de tramitar este proyecto de ley se comunique adecuadamente el proceso de firma de convenios en todo el país y para generar un mecanismo rápido y ágil”.

La suscripción de un convenio de pago detona la suspensión inmediata de las acciones de cobro judicial mientras los beneficiarios se mantengan al día en el pago de las cuotas mensuales. Tampoco se pueden iniciar nuevas acciones de cobranza extrajudicial ni judicial mientras se mantenga tal situación. Por tanto, este proyecto soluciona las preocupaciones de algunos beneficiarios al respecto.

De un universo de 102.781 préstamos otorgados bajo ambas leyes, 19.399 fueron pagados íntegramente (18,9% del total), mientras que 83.382 (88,1%) están con algún tipo de morosidad. El 66% de los préstamos registra algún tipo de abono, mientras que respecto del 15,1% no se han suscrito convenios ni realizado ningún pago. Si bien los convenios habituales de Tesorería (art. 192 del Código Tributario) están siempre disponibles para regularizar obligaciones de pago, ofrecen condiciones menos ventajosas que los convenios especiales (como menores plazos y aplicación de multas e intereses).

Origen de los prestamos solidarios

Las leyes N°21.256 y N°21.323 facultaron excepcionalmente al Ministerio de Hacienda para conceder un préstamo estatal y solidario de apoyo a los microempresarios del sector transporte en el contexto de la pandemia. Para permitir el pago de estos préstamos se contemplaba la suscripción de convenios en condiciones especiales con la TGR hasta mayo de 2022, y se vinculaba el pago de la deuda con la obtención del permiso de circulación (si había deudas impagas, debían pagarse en conjunto con el permiso).

Los préstamos solidarios debían empezar a pagarse en septiembre de 2021 (Ley N° 21.256) y abril de 2022 (Ley N° 21.323). Ante incumplimientos la TGR está obligada a iniciar acciones de cobranza para la recuperación de deudas morosas.

En abril de este año se constituyó una mesa de trabajo entre los ministerios de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones y la TGR para buscar soluciones a deudores de préstamos solidarios ante la inminente imposibilidad de obtener el permiso de circulación. Los artículos 26 N° 2 y 28 de la Ley N° 21.578 de “reajuste al salario mínimo mensual” desvincularon la obligación de pago deuda de los préstamos solidarios de la obtención del permiso de circulación; y finalizada la tramitación de dicho proyecto se siguieron analizando mecanismos para permitirles regularizar las deudas. También se elaboró una propuesta de renovación de convenios especiales para facilitar puesta al día de los deudores, la que fue presentada a los gremios del sector el 21 de julio y se plasmó en este proyecto de ley.