A responder las consultas que quedaron pendientes de la presentación de propuesta de Pacto Fiscal realizada en la sesión del 28 de agosto por el ministro de Hacienda Mario Marcel, concurrió la subsecretaria Heidi Berner a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles.

Ante las interrogantes del diputado Carlos Bianchi, en cuanto a conocer con más detalle las medidas procrecimiento, y de la diputada Sofía Cid sobre si el gobierno podrá llevarlas a cabo, explicó que se busca que las medidas para el crecimiento, productividad e inversión impacten en el corto plazo para retomar prontamente una tasa mayor a la actual. Enfatizó que la propuesta contempla 10 acciones para impulsar la inversión, que incluyen la racionalización regulatoria: "En ese ámbito estamos proponiendo reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al Consejo de Monumentos Nacionales y al sistema de concesiones marítimas. Por ejemplo, en este último caso hay un proyecto ley en tramitación desde 2012 que creemos es un canal adecuado para introducir mejoras. Y si hay acuerdo en torno al Pacto Fiscal podemos priorizar proyectos a tramitar, entre los que estamos proponiendo los mencionados, más todo el marco normativo para permisos sectoriales que trabaja el Ministerio de Economía".

Recordó que adicionalmente, como parte del protocolo suscrito para la aprobación del royalty minero, el Ejecutivo se trazó como meta reducir en un tercio los plazos de tramitación de los permisos exigidos a los proyectos de este sector, cumpliendo con estándares adecuados de protección del medio ambiente y sustentabilidad. Remarcó que se propuso la depreciación semi instantánea como un régimen extraordinario transitorio por dos años, en que el 50% de las inversiones en activos fijos realizadas durante el primer año, asociadas a nuevos proyectos de inversión, se puedan depreciar de forma instantánea; y el 50% restante, de manera acelerada.  Además, se planteó un fondo de créditos tributarios contra el futuro pago de impuestos de Primera Categoría para inversiones con efecto multiplicador en la actividad, empleo y sostenibilidad, que operaría mediante la postulación de proyectos. "La idea es que permita apalancar nueva inversión por hasta tres veces los montos involucrados", dijo la subsecretaria.

A las anteriores medidas se suman la reducción transitoria del impuesto de timbres y estampillas, que grava las transacciones financieras para reducir el costo del crédito, a fin de facilitar el acceso a este tipo de financiamiento; la ampliación de los incentivos a la inversión en las pequeñas y medianas empresas, incluyendo a las que están en régimen transparente; el impulso de una visión estratégica y de largo plazo sobre la infraestructura, creando una comisión asesora en esta materia focalizada en áreas clave para el desarrollo y la competitividad.

"Creo que esto tiene que ver con lo señalado por el diputado Alexis Sepúlveda, respecto de cómo planificamos mejor, porque parte de nuestros problemas a propósito de la crisis del cambio climático, nos obligan a pensar, por ejemplo, en la reconstrucción de una manera distinta", destacó Berner.

Otras medidas propuestas son ampliar y agilizar el programa de concesiones; elevar la eficiencia logística en torno al transporte de carga internacional, incluyendo la elaboración de una ley de puertos, la agilización de la inversión en infraestructura portuaria y logística para el transporte y transferencia de carga; un plan especial para la reactivación de la construcción, que considere flexibilizar los requisitos para que las constructoras accedan al programa FOGAES, entre otras medidas; y un Plan de Inversión de Infraestructura y Gestión Hídrica de mediano y largo plazo (embalses, obras de riego, planta desaladoras, cuenca hidrográfica y reutilización de aguas).

"Parte importante de los problemas derivados de las catástrofes de junio y agosto es el perjuicio a la infraestructura de riego. Por tanto, es aún más importante ejecutar un plan de mediano y largo plazo para mitigar los impactos de la escasez hídrica", aseveró.

Sanciones a la informalidad e incentivos a la formalidad  

Ante los planteamientos del diputado Guillermo Ramírez respecto del balance entre "el garrote y la zanahoria" en las medidas para impulsar la formalización de las pequeñas empresas, Berner señaló que "en el ámbito de las medidas procrecimiento tenemos 17 que combinan el combate a la informalidad con incentivos a la formalización". Respecto de lo primero se encuentra la idea de que todos los proveedores de equipos POS (máquinas pagadoras) exijan inicio de actividades a sus clientes, "porque hoy puede ocurrir que cuando uno pasa la tarjeta de crédito o débito algunos comercios no hayan iniciado actividades". A esta medida se agregan la trazabilidad de productos con alto comercio informal, entre otras.

Como contrapartida se incluyen incentivos a la formalización: la creación de un monotributo para nuevos emprendimientos y la rebaja del 100% del IVA por los primeros 12 meses, de 50% en los seis siguientes y de 25% por otros seis; ambas medidas forman parte de la denominada Nueva Ruta del Emprendimiento. En otras áreas se propone incorporar a las plataformas de venta de bienes desde el extranjero al régimen simplificado de IVA que ya existe para las plataformas de servicios digitales de forma de recomponer toda la cadena de IVA. También se fortalece la capacidad de la Defensoría del Contribuyente para asesorar y acompañar a las empresas de menor tamaño y la creación de un fondo para educación tributaria.  

Ritmo de implementación

"Nos han preguntado si no nos estamos apurando mucho ya que se necesita tener la información de los expertos convocados. Lo que estamos proponiendo es que este Pacto se converse y que en la primera etapa, durante el mes de septiembre, se prioricen los proyectos de reformas al Estado en pro de mayor transparencia y eficiencia del gasto público y otros que contienen medidas procrecimiento. Adicionalmente, trabajar —como ha planteado el diputado Bianchi—, en un proyecto que permita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, como las que combaten la informalidad. Por lo tanto, solo una vez que recibamos la información de los expertos respecto de cuánto podríamos recaudar por ganancias de eficiencia en el gasto público y cuánto tributa el mayor crecimiento con estas medidas, podremos saber cuánto debería recaudar una reforma a la renta para financiar las necesidades expuestas en el Pacto Fiscal. Entonces, no estamos apurando la discusión de la reforma a la renta, porque tenemos de aquí a marzo", enfatizó la subsecretaria. Y recalcó que la propuesta es un Pacto Fiscal a diez años para dar certezas, que es un ingrediente clave para el crecimiento.

Respecto de la reforma al Estado, el Ejecutivo está planteando medidas para mejorar la calidad y eficiencia al gasto, como integrar las evaluaciones ex post de los programas y las políticas públicas que realizan el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Presupuestos y la Comisión Nacional de Evaluación y Productiva en una Agencia Nacional de Calidad de las Políticas Públicas, con un programa anual para evaluar al menos 25% del gasto de los programas, que además incluya la evaluación de impacto regulatorio.  

Se fortalecerá ChileCompra, con el despacho a ley  esta semana del proyecto que moderniza el sistema de compras públicas, que incluye auditorías de compras, utilizando mecanismos de big data e inteligencia artificial para identificar anomalías; y se propone una serie de medidas que permitan agilizar la inversión pública, mejorar la gobernanza de los servicios digitales; avanzar en la medición de la satisfacción usuaria y en su uso para implementar planes de mejora en la calidad de servicios; introducir más innovación en las soluciones a problemas públicos y mejorar la productividad en la salud pública, además de una importante batería de medidas de transparencia e integridad del gasto público: "Estamos proponiendo que sea parte del Pacto Fiscal la regulación de las transferencias a las organizaciones de la sociedad civil en un marco regulatorio permanente, más allá de lo que se pueda avanzar en el proyecto de ley de Presupuesto 2024. También hay todo un trabajo a propósito de mayor transparencia en la entrega de información de empleo público de parte de los municipios. Queremos continuar implementando las recomendaciones que hizo la Comisión de Gasto Público en su momento, convocada por el gobierno anterior. Previo a conocer el informe de la Comisión Jaraquemada, ya se estaba trabajando en el proyecto de beneficiarios finales y se está recogiendo en ese mismo informe la institucionalización de la Auditoría Interna de Gobierno", detalló.

En disciplina y responsabilidad fiscal enunció el fortalecimiento del Consejo Fiscal Autónomo; la gestión financiera de los desastres naturales; la disciplina fiscal de los gobiernos subnacionales, que se trabaja en el marco del proyecto de ley de Regiones más Fuertes, pero también se propone un proyecto de ley de Rentas Municipales; y racionalizar las obligaciones financiera y legales, entre otras medidas.

Ante los comentarios de algunos diputados respecto de la implementación de las medidas, la subsecretaria hizo hincapié en que no todos los temas son de naturaleza administrativa, ni se reducen a mejorar la gestión, sino que hay varios más estructurales, que no dependen solo del Ejecutivo. "Nuestra invitación es a conversar respecto de esta propuesta y, por supuesto, podemos incorporar otras medidas procrecimiento, de eficiencia del gasto, transparencia e integridad. Este jueves tenemos la segunda reunión con todos los actores políticos para abordar justamente las reformas al Estado y recoger propuestas para fortalecer y mejorar el Pacto Fiscal", concluyó.