“Tanto en Chile como en otras partes del mundo hay una crisis de confianza en las instituciones públicas, pero también en el sector privado. La confianza en las empresas chilenas enfrentó importantes desafíos entre 2010 y el estallido social, pero las reformas y una agenda de cohesión social han ayudado a recuperar este capital intangible en el sector público y privado, crucial para el crecimiento”, planteó la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner al exponer en la sesión inaugural de la Mesa Redonda Latinoamericana sobre Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se realizó en Santiago este 6 y 7 de octubre, con la colaboración de la CMF y los ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores.

En la apertura de la actividad intervinieron también Solange Berstein, presidenta el Comisión para el Mercado Financiero (CMF) e integrante de la Oficina del Comité de Gobernanza Corporativa de la OCDE: Cristián Lefevre, presidente del Instituto de Directores de Chile; Carmine Di Noia, director de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE; y Claudia Sanhueza, subsecretaria de relaciones Económicas Internacionales de Chile.

Bajo el título “Gobierno Corporativo y Estado: construyendo confianza social para el crecimiento”, la subsecretaria Berner presentó un breve análisis del contexto macroeconómico del país y afirmó que la recuperación de los distintos indicadores post pandemia, así como el control de la inflación. También detalló con el cierre del debate en torno a las reforma constitucionales, la aplicación de un royalty que está permitiendo una mayor justicia territorial en el reparto de las ganancias derivadas de los recursos mineros; y la certidumbre tributaria para los dueños de las minas, que ha impulsado el desarrollo de nuevos proyectos; la aprobación de la reforma de pensiones y la reafirmación del apoyo al estado de derecho internacional en materia de comercio e inversión, entre otras medidas, han mejorado las perspectivas del país.

Luego enfatizó que las sociedades con baja confianza tienden a tener una mayor regulación y que si bien regular un proyecto de inversión ex ante puede prevenir externalidades negativas, también puede terminar afectando los ingresos empresariales y por ende, la recaudación fiscal: “Una regulación muy centrada en lo ex ante puede generar externalidades negativas en la inversión, porque ex ante cualquier proyecto de inversión se ve como un conjunto incierto de trámites. Los permisos y otros trámites ex ante permiten asegurarse de que no existan externalidades negativas en un proyecto de inversión; pero se podrían relajar las exigencias ex ante en el entendido que ex post existan las sanciones adecuadas cuando se produzca un desvío respecto de lo que se comprometió y que no se terminen judicializando los procesos”.

Berner agregó que con esta lógica el Ejecutivo trabajó en los dos ámbitos: “Por el lado de las sanciones, se aprobó Ley de Delitos Económicos, donde se hizo una revisión más comprensiva para establecer sanciones más racionales y proporcionales a las faltas. Nos propusimos trabajar luego en la regulación ex ante. ¿Y por qué lo vinculo a la confianza? Porque la Ley de Permisos Sectoriales —promulgada y publicada la semana pasada—, disminuye en al menos 50 los permisos y los reemplaza por declaraciones juradas, que son un compromiso de confianza; pero sí, esa declaración jurada no se cumple ex post puede haber sanción, que debe ser la adecuada y realmente accountable, pues de los contrario no tendría sentido relajar las exigencias ex ante”.

La autoridad recordó que se ha discutido bastante —“y la OCDE nos lo ha hecho ver en otros foros”— que Chile está al debe en la evaluación de impacto regulatorio. “Algo de eso se trabajó en la discusión de la Ley de Permisos Sectoriales, pero hay otra parte en la que estamos al debe y que abordamos en el proyecto de ley que crea la Agencia de Calidad de Políticas Pública y Productividad (en segundo trámite legislativo). Eso implica estar continuamente mirando la regulación que va surgiendo a nivel legal, pero también a nivel reglamentario, y hacer una evaluación ex ante que no solo mire lo nuevo sino en el contexto del stock regulatorio, para ver cómo se puede mejorar lo existente con la nueva regulación y derogar aquello que quede obsoleto. Ese es el desafío para efectos de promover esta evaluación de impacto regulatorio”.

Para cerrar agradeció que la OCDE realizada este evento en Chile y reforzó la idea de cómo se genera confianza en las empresas: “Me parece que parte fundamental de la confianza en los gobiernos corporativos depende de que los directorios reflejen lo que es el país: mitad mujeres, mitad hombres. Por lo mismo, en esta administración promulgamos la Ley Más Mujeres en Directorios (que regula la composición de las mesas directivas de las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales, excluyendo a las empresas de menor tamaño y las sociedades anónimas cerradas, con una cuota máxima sugerida del 60% del sexo con mayor representación) y obliga a las compañías a justificar de forma pública si adoptan o no la sugerencia de la cuota de género, porque aún tenemos casos de empresas que cotizan en bolsa y no tienen ninguna mujer en su gobierno corporativo”.

Esta actividad de la OCDE coincidió con los 15 años desde que Chile suscribió su adhesión a esta organización y los 25 años de la constitución de esta mesa, cuyo objetivo es apoyar a la mejora de los gobiernos corporativos, ofreciendo un foro para el intercambio de experiencias entre los principales responsables de la formulación de políticas, los reguladores y los participantes del mercado. Además, en esta instancia se lanzó la edición 2025 del Corporate Governance Factbook y se entregaron a nivel regional las directrices revisadas de la OCDE sobre Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, entre otras actividades.