• La nueva norma en trámite de la Superintendencia de Pensiones (SP) busca perfeccionar y armonizar la regulación vigente sobre formación de una AFP en cuanto a su constitución, autorización por parte del organismo regulador y puesta en marcha. La propuesta tiene como plazo máximo para recibir comentarios el próximo martes 16 de diciembre.
• Para prevenir eventuales conflictos de interés y evitar una concentración de la industria, la Reforma Previsional estableció que la persona jurídica potencial accionista fundadora tendrá la obligación de informar detalladamente los beneficiarios finales, es decir, las personas naturales que tengan directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto, o que ejerza el control efectivo o de hecho en la toma de decisiones de la sociedad.
• En esa línea, la propuesta actualiza la regulación de antecedentes de los accionistas fundadores de una AFP, incorporando requisitos específicos según se trate de una filial de una administradora general de fondos, de una cooperativa de ahorro y crédito, o de una caja de compensación de asignación familiar. Esto, considerando su regulación sectorial.
• Dado que la ley también dispuso que para la formación de una AFP el capital mínimo es de 50.000 Unidades de Fomento, en su propuesta la SP también perfecciona los requerimientos aplicables al Estudio de Factibilidad, la definición de patrimonio neto y activos autorizados para la constitución de una AFP.
• A lo anterior se agregan requerimientos del esquema organizacional y el perfil de cargo de los ejecutivos principales y del equipo responsable de la gestión de inversiones.

• El informe de la OCDE titulado “Pensions at Glance 2025” destaca la reforma de pensiones chilena debido a que mejoró significativamente las pensiones de las mujeres mayores y tasa de reemplazo.
• Los elementos de la reforma previsional que destaca son: El aumento de la tasa de cotización obligatoria, la creación de nuevos componentes redistributivos, y el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Heidi Berner detalló que el objetivo de esta ley es recaudar 1,5% del PIB (US$ 4.500 millones) en régimen, lo que se proyecta para 2028, reduciendo cerca de 25% la brecha de cumplimiento tributario.
“Como se promulgó el 24 de octubre de 2024, ya en el Presupuesto de la Nación 2025 se pudo incorporar recaudación de las medidas transitorias, equivalente al 0,37% del PIB; y en el proyecto de ley de presupuestos 2026, actualmente en trámite, se considera que aporte el equivalente a 0,73% del PIB”, explicó.