El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, resaltó la aprobación en el Congreso del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para enfrentar el impacto de la abrupta alza internacional de los combustibles, mediante un conjunto de medidas orientadas a proteger directamente a los hogares y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El proyecto que fue despachado establece un conjunto de medidas destinadas a mitigar el impacto de las alzas en ámbitos esenciales de la vida cotidiana y la movilidad de los chilenos.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que “estamos enfrentando una situación internacional que no se va a normalizar en el corto plazo, por lo que hemos optado por medidas focalizadas que permitan proteger a las personas en aspectos esenciales de su vida cotidiana, como la calefacción y la movilidad, resguardando al mismo tiempo el uso responsable de los recursos públicos”.

En primer lugar, se establece un fortalecimiento del mecanismo de estabilización de la parafina, mediante ajustes en su fórmula de cálculo y la facultad de incrementar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) hasta en US$60 millones. Esto permitirá mantener su precio en niveles similares al promedio observado en febrero, evitando que continúe reflejando las alzas recientes derivadas del escenario internacional y resguardando el acceso a la calefacción durante los meses de otoño e invierno.

Asimismo, se crea un bono mensual de $100.000, por un período de hasta seis meses, destinado a propietarios de taxis, colectivos y transporte escolar, con el fin de mitigar el impacto del alza de los combustibles en los costos de operación y evitar que estos se traspasen a las tarifas que pagan las personas. Este beneficio considera como universo a los transportistas inscritos en los registros correspondientes al 24 de marzo, incorporando además a quienes operan en zonas transfronterizas como Arica–Tacna.

Adicionalmente, se contempla el congelamiento de las tarifas del transporte público en la Región Metropolitana, junto con el fortalecimiento de los recursos destinados al transporte en regiones, de manera de contener alzas y proteger la movilidad en todo el país.

En materia de financiamiento, el proyecto establece un ajuste transitorio al mecanismo que permite a ciertas empresas recuperar el impuesto específico al diésel, equiparándolo al régimen aplicable al transporte de carga. De esta forma, se reduce parcialmente el nivel de beneficio vigente para contribuyentes no transportistas, contribuyendo a financiar estas medidas de apoyo. Esta disposición excluye expresamente a las Pyme, las que mantienen el tratamiento actual, cuidando así su actividad y evitando afectar su funcionamiento.

En su conjunto, el proyecto articula una respuesta a un contexto de alta exigencia, focalizando los apoyos en las necesidades más relevantes de las personas y resguardando, al mismo tiempo, el uso responsable de los recursos públicos.

Panorama global y local

La iniciativa se enmarca en un escenario internacional excepcional, marcado por un aumento cercano al 55% en el precio del petróleo desde febrero, una de las alzas más pronunciadas observadas en más de 40 años. A diferencia de lo ocurrido tras el inicio de la guerra en Ucrania en marzo de 2022, cuando en las primeras tres semanas la gasolina subió 10% y el diésel 20%, en la coyuntura actual ese incremento ha sido mucho más abrupto: en el mismo período, la gasolina ha aumentado 30% y el diésel 60%.

Esta situación ha generado presiones directas sobre los combustibles a nivel local. Solo en las últimas semanas, el costo de contener estas alzas ha alcanzado del orden de US$140 millones por semana, lo que, de mantenerse en el tiempo, podría implicar un esfuerzo fiscal cercano a US$ 4.000 millones.

En un contexto de estrechez fiscal, donde la deuda pública es hoy significativamente mayor —en torno a US$ 40.000 millones adicionales— y los fondos soberanos se encuentran en mínimos históricos, este nivel de gasto no es sostenible, lo que hace necesario adoptar medidas que permitan proteger a las personas, resguardando al mismo tiempo el uso responsable de los recursos públicos.

Finalmente, el ministro Jorge Quiroz, destacó el trabajo de los parlamentarios para avanzar en acuerdos en un momento complejo para el país, señalando que “quiero agradecer la disposición del Congreso para avanzar en acuerdos en un momento complejo para el país. Estas son medidas que responden a una situación excepcional, y como Gobierno tenemos el deber de apoyar a las personas, actuando con responsabilidad y resguardando la estabilidad de las finanzas públicas”.