La Sala del Senado aprobó ayer en particular por 25 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención el proyecto de ley del Ejecutivo que fortalece la resiliencia del sistema financiero local y sus infraestructuras (Boletín Nº 15.322-05), incorporando medidas que amplían las facultades del Banco Central en la provisión de liquidez al sistema financiero bancario y no bancario para mejorar su respuesta frente a crisis complejas. De esta forma el proyecto pasa a tercer trámite y deberá ser votado en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.

La iniciativa legal además perfecciona la legislación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), con artículos que tras ser rechazados en la Cámara de Diputados fueron perfeccionados y repuestos en la Comisión de Hacienda del Senado, con el fin de reforzar el reconocimiento de las particularidades de estas entidades asociativas y que las exigencias normativas sean proporcionales, graduales y distintas a las del sistema bancario, beneficiando a sus cooperados. 

Dado que las CAC actualmente realizan actividades de intermediación financiera similares a los bancos, pero concentradas en segmentos de la población de menores ingresos cumpliendo así un rol clave para la inclusión financiera,  se avanza hacia una supervisión integral y única en términos de estándares prudenciales, administración de riesgos y gobiernos corporativos por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en coordinación con la División de Asociatividad de Cooperativas del Ministerio de Economía, para las cooperativas con un patrimonio igual o superior a 400.000 UF.  

Este proyecto permitirá a las CAC con patrimonio entre 400 mil UF y 800 mil UF acceso a los servicios de pago del Banco Central, reduciendo sus costos, pues no deberán usar el sistema bancario para estas operaciones, mientras que a las CAC con patrimonio superior a las 800 mil UF además accederán a los servicios de financiamiento y refinanciamiento de  emergencia del Banco Central si cumplen con los requisitos que establezca el Banco Central en materia de solvencia, liquidez y estándares de riesgo financiero.

“El tema de las cooperativas se nos ha señalado como relevante para fortalecer la resiliencia y la estabilidad del sistema financiero y actuar para evitar que se produzcan problemas. Si hoy día la CMF tiene facultades para regular los bancos, para regular las compañías de seguros, para regular los fondos mutuos, los emisores de tarjetas, no es porque hayan ocurrido crisis en esos sectores, es porque esa legislación busca evitar que se produzcan problemas”, señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel al intervenir en la Sala. 

Contenido del proyecto

Este proyecto, motivado por el contexto económico y financiero que ha enfrentado el país en los últimos años, producto de la crisis económica mundial causada por la pandemia del COVID-19, ha hecho evidente la necesidad de contar con un sistema financiero más resiliente, con herramientas para mantener la estabilidad en períodos de turbulencias. 

“Este es un proyecto consistente en términos de hacerse cargo de fortalecer nuestras infraestructuras financieras, cuando no tienen problemas para evitar que en otras circunstancias puedan enfrentarlos. Les da un marco regulatorio, por un lado, y, por otro lado, el acceso a una serie de beneficios, particularmente de acceso a liquidez. Y de esa manera se hace cargo de incorporar a estas distintas instituciones: infraestructuras financieras, empresas Fintech, cooperativas e incorporarlas al perímetro regulatorio de la CMF y a los servicios financieros del Banco Central”, remarcó el ministro Marcel.

Los principales aspectos del proyecto aprobado en general hoy son:

•     Mejoras al mercado de operaciones de venta con pacto de retrocompra (REPO), utilizadas por distintas entidades financieras para administrar su liquidez de corto plazo. En Chile, se ha visto que los volúmenes de operaciones REPO son acotados debido a que falta claridad en la legislación de insolvencia respecto al tratamiento aplicable ante eventuales incumplimientos de la contraparte en una operación REPO. Ante ello, el PDL modifica la Ley N°20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento con el objeto de otorgar certeza jurídica a estos contratos en esos casos, permitiendo que se efectúe una compensación de las obligaciones entre las partes
•    Ampliación del acceso a los sistemas de pagos y de gestión de liquidez del Banco Central de Chile con infraestructuras del mercado financiero e intermediarios financieros no bancarios, entre ellos las sociedades administradoras constituidas como Entidades de Contraparte Central bajo la Ley N° 20.345, los operadores de las cámaras de compensación de pagos de alto valor y las de bajo valor, y a las empresas de Depósito Central de Valores. Actualmente, solo los bancos tienen acceso directo a la liquidez provista por el BCCh (ya sea mediante financiamiento, líneas de crédito u otros) y a otros servicios financieros, como el acceso a cuentas corriente o al Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR). 
• En esta materia, las indicaciones apuntaron a reforzar el acceso de las cooperativas a los servicios de banca central, flexibilizando los requerimientos patrimoniales para acceder a liquidez, cuando existen variaciones transitorias en el porcentaje que mide la relación de activos con patrimonio, dándoles acceso directo a facilidades de liquidez. 
•  Mejoramiento de la institucionalidad para las infraestructuras del mercado financiero, permitiendo que las empresas de depósito y custodia de valores realicen funciones de compensación. Se incorporan modificaciones a la Ley N° 20.345 con el objeto de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) pueda reconocer a Entidades de Contraparte Central extranjeras para operar con sus símiles locales.
•  Incorporación de un procedimiento simplificado de obtención de Rol Único Tributario para facilitar la internacionalización del peso chileno. El Servicio de Impuestos Internos (SII), por resolución fundada, establecerá un proceso que contemplará un procedimiento especial para aquellos sujetos no residentes que celebren determinadas operaciones financieras transfronterizas en peso chileno y así facilitar los eventuales cobros de impuestos que se generen como consecuencia de estas operaciones.