El Congreso despachó la tarde de este jueves el Proyecto de Ley de Reajuste General de Remuneraciones del Sector Público, luego de que la Sala del Senado, en segundo trámite constitucional, lo haya aprobado en forma unánime durante esta misma jornada. 

De este modo, el proyecto ingresado el 11 de diciembre en el Parlamento por el gobierno del Presidente Gabriel Boric se encuentra en condiciones de convertirse en ley, a falta de su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial. 

En lo medular, la iniciativa despachada establece un reajuste de remuneraciones del sector público, con un aumento de las remuneraciones de un 4,3%. Dicha cifra es resultado del acuerdo que se alcanzó con 15 organizaciones de la Mesa del Sector Público y se estima que beneficiará a cerca de 844.934 trabajadores. Cabe destacar que para el pago del reajuste, al igual que para el Bono de Navidad, se establece un efecto retroactivo, es decir, a partir del 1 de diciembre. En tanto, para los bonos, aguinaldos y reajuste de remuneraciones mínimas se fija un incremento de 4,8%. 

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, agradeció el respaldo a la iniciativa por parte de las y los parlamentarios y señaló que “para nosotros, como gobierno del Presidente Gabriel Boric, es muy importante la aprobación de la Ley de Reajuste del Sector Público, que recoge de manera importante el protocolo que hemos concordado con las y los servidores públicos de nuestro país. Queremos señalar que 15 organizaciones representativas del nivel educativo, municipal, de la salud y de la administración central han firmado este protocolo, que en lo medular establece un reajuste salarial del 4,3% y un reajuste de los beneficios del 4,8%”. 

Agregó que “esperamos, además, continuar trabajando durante todo el año 2024 en cada una de las mesas de trabajo que derivan de este acuerdo, que aborda aspectos económicos, pero que no son los únicos. Por eso, uno de los temas en los que vamos a trabajar con celeridad durante este año es en la presentación de las leyes que sean necesarias para que los funcionarios públicos, al igual que los trabajadores del sector privado, puedan acceder a la reducción de jornada a 40 horas”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró la tramitación de este proyecto y los acuerdos que se generaron: “Para nosotros es una gran satisfacción haber, en primer lugar, logrado este acuerdo por segundo año consecutivo, demostrando que el diálogo entre trabajadores del sector público y el Gobierno es un diálogo fructífero que lleva, por un lado, a ir mejorando las condiciones de trabajo en el sector público y, por otro lado, también a prestar un mejor servicio a la ciudadanía".

Además, la autoridad se refirió a los beneficiarios de este reajuste en sus diferentes aristas: “Las cifras son muy importantes, estamos hablando de 850 mil trabajadores beneficiados por el reajuste, 1,1 millón de beneficiados por los bonos, más de 2 millones de pensionados por los aguinaldos y el bono de invierno. En el caso del incentivo del retiro, 18 mil  trabajadores podrán acogerse a mejores condiciones de jubilación y otros 50 mil que van a ascender producto de las vacantes que se abrirán en el sector público. Todas ellas son cifras muy positivas, que, por supuesto, también responden a compromisos que se enmarcan dentro de las disponibilidades de recursos del Ejecutivo".

Entre los artículos que fueron aprobados durante la tramitación del proyecto, se destacan los siguientes:

Se logró acuerdo sobre la norma que permite un reajuste de un 0,5% para las remuneraciones del sector público a contar de junio de 2024 si el IPC en 12 meses a abril supera el 3,8%. 

Se suma una indicación que faculta a la Subsecretaría de Justicia para dotar de infraestructura al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Se le permitirá programar y proponer la adquisición, construcción, adecuación y habilitación por el Fisco de inmuebles para este organismo. 

Además, se aprobó el artículo 83, que permite extender la vigencia de las normas que regulan la entrega de recursos a través del Bolsillo Familiar Electrónico hasta abril de 2024. Los fondos necesarios se destinaron a través de la Ley de Presupuestos 2024.

Respecto de la norma de teletrabajo en el sector público se llegó a una propuesta alternativa tras el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo propuesto originalmente por el Ejecutivo tenía dos componentes: uno sobre la continuidad de los cuarenta servicios que participaron del plan piloto y, otro sobre la continuidad de ochenta servicios que fueron agregados. Este segundo inciso fue rechazado en la Sala de la Cámara, y se concordó ingresar una nueva iniciativa para tramitar con discusión inmediata para corregir la eliminación de esa norma.
Protocolo por la salud

Dentro de los diversos temas planteados en el proyecto de Ley de Reajuste está el artículo 99, que establece modificaciones al Indicador de Costos de la Salud y que permite el adelanto del reajuste anual del precio base de los contratos de salud desde junio a abril de 2024. Esto a raíz de la necesidad de responder a la crisis de las Isapres y el fortalecimiento del sistema de salud en su conjunto. 

En la Cámara, el Gobierno y los parlamentarios suscribieron un protocolo que permitió avanzar con esta disposición. El documento se tituló: “Protocolo de acuerdo para la gestión de la crisis de Isapres y el fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y la Superintendencia de Salud (SIS)” y se acordaron cuatro puntos, entre lo que destaca la aprobación de la Ley Corta de Isapres a más tardar en abril de 2024 para cumplir con los plazos establecidos por la Corte Suprema. Además, se plantea adelantar la adecuación de precios base, el compromiso de parte de la Superintendencia de Salud para anticipar la suspensión del cobro a los menores de dos años que mandató la Corte Suprema.