Hoy, en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció la elaboración de un proyecto de Ley que modificará la Ley N°20.998, que regula los servicios sanitarios rurales o APR (Agua Potable Rural).

“Esta modificación implicará incluir una exención del IVA del servicio sanitario rural para las organizaciones comunitarias que lo proveen, en atención a la función esencial que cumplen” afirmó la autoridad.

Los requisitos de las organizaciones para calificar a este beneficio de exención fueron enumerados por el ministro: “ser entidades sin fines de lucro, ser comités o cooperativas de agua potable rural; contar con una autorización para el desarrollo de sus funciones en el marco de la Ley N° 20.998; que sus operaciones sean realizadas a costo y que estos contribuyentes emitan los documentos tributarios correspondientes, en este caso una factura electrónica exenta”.

La acción anunciada por el Ejecutivo persigue la voluntad de volver a la situación que estaba definida originalmente en la Ley 18.893 promulgada en 1989 respecto de que los servicios de Agua Potable Rural, como organizaciones comunitarias, estén exentas de IVA bajo los requisitos mencionados.

Con el objeto de concretar el envío del proyecto de Ley durante enero se convocará a una mesa de trabajo para definir los detalles y plazos de implementación de la iniciativa, la que estará “conformada por representantes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Obras Públicas y aquellos dirigentes de Comités de Agua Potable Rural que deseen participar” agregó el ministro de Hacienda.

Además, durante este periodo se prorrogará el plazo señalado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para la completa formalización de los contribuyentes respecto de la emisión de documentación tributaria, de forma de permitir que se mantenga la autorización de los mismos documentos que utilizan actualmente.

IVA a los servicios

Tras referirse a los APR, la Comisión abordó la entrada en vigencia de Ley N° 21.420 que establece que, desde el 1 de enero de 2023, todos los servicios estarán afectos al IVA en el país, salvo algunas actividades referidas al transporte de pasajeros, educación y salud).

“Aun cuando esta legislación haya sido propuesta por el Gobierno anterior y no hayamos sido parte de ese proceso, ni hayamos votado a favor en su momento, consideramos que eliminar la exención del IVA a los servicios profesionales es una norma de racionalización tributaria”, señaló el ministro de Hacienda.

Cabe recordar que esta iniciativa fue aprobada a inicios de 2022 como una de las medidas tendientes a financiar el establecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). “Cuando se aprobó eliminar la exención del IVA de los servicios profesionales, se hizo en el contexto del financiamiento para crear la PGU. De hecho, se estimó que esto aportaría alrededor de US$ 500 millones anuales.  El año pasado, en 2022, ese costo lo absorbimos enteramente dentro del fisco, pese a que cuando se preparó el presupuesto para el 2022 no había PGU ni había medidas de financiamiento. Durante el 2022 tuvimos gasto en PGU, no tuvimos el financiamiento, ahora en 2023 finalmente lo vamos a tener, cosa que está incorporada en la Ley de presupuestos para este año”, recalcó el secretario de estado.

Frente a las inquietudes de los parlamentarios por el impacto de la medida, el ministro Marcel fue enfático: “Quisiera ser claro, no está en la agenda del Gobierno ni derogar la legislación que se aprobó hace un año atrás ni postergar el corazón de esta medida tributaria porque tenemos la obligación de mantener finanzas públicas ordenadas y, por lo tanto, no podemos estar improvisando la política fiscal sobre la base de los reclamos o problemas que se manifiesten antes de la aplicación de una ley cuando ya tenemos un presupuesto aprobado”.

Así también sostuvo que un sistema tributario justo se basa en que no existan beneficios para algunos casos, o excepciones. “Un sistema tributario que está lleno de exenciones -no quiere decir que ese sea nuestro caso-, no es un sistema más justo. Es, generalmente, más injusto, porque termina expuesto a las presiones para ir agregando distintos beneficios tributarios”, agregó.

Finalmente expresó que hay voluntad para perfeccionar algunos puntos: “Siempre vamos a estar disponibles a hacer correcciones en el margen, en lo reglamentario, en lo operacional, si hay alguna cosa muy fundamental a la cual no se haya prestado atención, que no tenga un impacto fiscal relevante, siempre lo vamos a poder ver. Pero en lo que se refiere al grueso de esta medida tributaria la posición nuestra como Ejecutivo es claramente que en este momento la principal responsabilidad es implementar esta ley”.