Con el rechazo de los artículos referidos al acceso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a información protegida por secreto bancario en sede administrativa, pero fortalecido en muchos otros ámbitos, salió ayer de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que crea el Sistema de Inteligencia Económica contra el Delito y establece medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado (Boletín 15975-25). Ahora seguirá su tramitación en la Comisión de Hacienda, con urgencia de discusión inmediata, para luego pasar a Sala y volver al Senado a tercer trámite.

Esta iniciativa legal fue ingresada al Congreso a través del Senado el 31 de mayo de 2023, como parte de la agenda legislativa en materia de seguridad, a fin de elevar los estándares para perseguir la ruta del dinero ilícito en Chile, aplicando análisis de inteligencia económica y trazabilidad de operaciones sospechosas.

Junto con agradecer los aportes realizados por las y los parlamentarios de esta comisión, la subsecretaria de Hacienda, Hedi Berner, recordó que fue en esta instancia donde el proyecto pasó de crear un subsistema a un Sistema de inteligencia Económica integrado por la UAF y las unidades de inteligencia que la misma iniciativa legal crea en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), para dejar claro que se trata de un modelo de gestión independiente, que no forma parte ni está subordinado al Sistema de Inteligencia del Estado.

“En esta Comisión discutimos durante 22 sesiones la iniciativa, de la que salió fortalecida: partimos con un subsistema y se avanzó a la creación de sistema. Se aprobaron adecuaciones a la Ley de la UAF que amplían su mandato desde el análisis financiero en relación a lavado de activos y financiamiento del terrorismo a las asociaciones delictivas y criminales. Y, entre otras cosas, se generó un conjunto de herramientas para perseguir el juego ilegal”, destacó. Recordó que también se aumentaron las multas para los sujetos obligados que no reporten adecuadamente a la UAF.

Pero lamentó que no se haya entendido el objeto de los cambios propuestos respecto a la facultad que tiene la UAF para solicitar el alzamiento del secreto bancario: “Actualmente la UAF tiene esta facultad en sede judicial ante la Corte de Apelaciones y hoy también se rechazó entregarle en esta sede la facultad para solicitar el alzamiento conjunto del secreto bancario para varias personas involucradas en un mismo ROS, en vez de hacerlo una a una. Llama la atención porque sabemos que perseguir la ruta del dinero del crimen organizado puede implicar a muchos involucrados y es clave hacerlo en forma oportuna. Pero la tramitación aún no ha terminado y habrá que ver cómo se da el debate en las instancias faltantes, así es que seguiremos trabajando. Todo lo que buscamos con este proyecto es seguir la ruta del dinero ilícito para atacar el financiamiento del crimen organizado”.

En esta sesión el Ejecutivo estuvo representado también por el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado; el director de la UAF, Carlos Pavez y la coordinadora legislativa del Ministerio de Hacienda, Consuelo Fernández.

Cómo salió el proyecto de esta comisión

Entre otros avances registrados en la Comisión de Seguridad Ciudadana destacan:

• Se aclararon las reglas de funcionamiento del Sistema, distinguiendo expresamente dos formas en que desarrollará su quehacer: la actividad autónoma y la a requerimiento. Ello consagra una nueva relación con el Ministerio Público: el Fiscal Nacional puede requerir la colaboración del Sistema en el marco de investigaciones en curso, cuando la complejidad de los antecedentes conocidos lo haga necesario.

• Se mejoraron las reglas relativas al tratamiento de información dentro del Sistema, aclarando qué puede requerir a otros órganos de la administración del Estado y compartir entre sí (datos e información personal y no personal) y que queda excluido (la UAF no puede compartir con el Sistema los ROS, los informes de inteligencia que entrega al Ministerio Público, ni la información que recabe a través del levantamiento del secreto bancario).
• Se fortaleció la gobernanza del Sistema a través de la creación de un Comité de Coordinación, Prevención y Seguridad, conformado por los jefes de los servicios que lo integran y presidido por el director la UAF. Este comité velará por que el sistema cumpla sus cometidos coordinadamente y propenda a la unidad de acción. También le corresponderá definir los lineamientos estratégicos que orienten el desarrollo de las actividades del Sistema y definir medidas de contrainteligencia aplicables a sus funcionarios.
• En lo que respecta al régimen aplicable al personal del Sistema, se simplificó la regulación, incrementando las sanciones por violación al deber de secreto e incluyendo la obligación de entregar acceso a su información bancaria para el ejercicio de medidas de contrainteligencia.
• Se reforzaron los criterios de aplicación de multas de la UAF y su proporcionalidad para adecuarla a la experiencia internacional y los estándares del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
• Se estableció la definición legal de máquinas de azar como “aquellas que permitan recibir apuestas en dinero o avaluables en dinero, que concedan al usuario un tiempo de uso o de juego y que entreguen resultados futuros, inciertos, y/o desconocidos para los usuarios, mediante los que se les entregue eventualmente un premio en dinero o avaluable en dinero”. Esta definición apunta a impedir sortear la calificación de azar por el solo hecho de incorporar elementos de destreza, siempre que la apuesta recaiga sobre hechos futuros y desconocidos. Además, se aprobó la incorporación de una presunción de que las máquinas que cumplan estas características son máquinas de azar.
• Se habilitó a la Superintendencia de Casinos de Juegos a calificar máquinas como de azar a requerimiento de una municipalidad o de Aduanas, lo que les permitirá contar con un informe técnico especializado sin tener que contratar peritajes para disputar el carácter “de destreza” de estas máquinas, como ocurre actualmente. Como también podrán pedirlo los fiscales del Ministerio Público, esta norma contribuirá a la persecución penal del juego ilegal.
• Se limitó la importación de máquinas de azar y componentes destinados a ellas solo a personas naturales y jurídicas —ya sean sociedades operadoras de casinos o distribuidores— autorizadas para tal efecto y registradas en la Superintendencia de Casinos y Juegos. La importación realizada por otros configurará delito de contrabando y su mercadería será incautada por Aduanas y puesta a disposición de la fiscalía local que conozca de la denuncia o querella formulada por dicho servicio por tal delito. Por tratarse de mercancías de importación prohibida podría perseguirse no solo al importador sino también a todos quienes, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, adquieran, reciban, porten, transporten o escondan estas mercancías, de acuerdo a la reformulación que el mismo proyecto de ley realiza respecto del delito de receptación aduanera.
• Se creó la figura del “agente revelador” en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). De esta forma, el funcionario que no tenga interés en la materia y sea autorizado mediante resolución fundada y reservada, aprobada por al menos tres de los cinco comisionados, podrá realizar actividades propias de cualquier cliente financiero para verificar el cumplimiento de las regulaciones aplicables. Los informes que se levanten mediante gestiones realizadas bajo esta calidad podrán presentarse como prueba en el procedimiento sancionatorio de la CMF, manteniéndose la reserva de la identidad del funcionario.
• También se aprobó la incorporación del delito de contrabando de dinero, creado en 2024, al catálogo de la Ley de Delitos Económicos; así como cambios al Código Tributario en el sentido de restringir la autorización de documentos tributarios emitidos con finalidad fraudulenta y delitos por entrega de información falsa al Servicio de Impuestos Internos, entre otros.