En septiembre de 2015, junto a 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Chile adoptó. la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que tiene por fin fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. Chile se comprometió. a avanzar en los 17 objetivos contemplados en esta Agenda, destacando en el ámbito social el fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, educación de calidad y reducción de las desigualdades. En 2019, Chile presentó. su segundo Informe Nacional Voluntario sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Chile tiene un fuerte compromiso con la mitigación del cambio climático, la adaptación a los impactos de este fenómeno y la protección del medio ambiente. Esto se demuestra en la ratificación del Acuerdo de París en febrero del año 2017 por medio el Decreto Supremo Nº 30 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Chile se ha comprometido a través de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en reducir sus emisiones de CO2 como porcentaje del PIB en 30% al 2030, respecto de los niveles del 2007 y actualizó sus compromisos en abril de 2020, para otorgar una mayor ambición, en respuesta a las mayores exigencias requeridas por la ciencia para no sobrepasar los 1,5 grados a mitad de siglo.

Entre las iniciativas locales que buscan un desarrollo sostenible, cabe destacar que actualmente, el Ministro de Hacienda Rodrigo Cerda co-preside la Coalición de Ministros de Hacienda por la Acción Climática junto a su par finlandés, plataforma que cuenta con la participación de más de 50 países.  Por otra parte, Chile se encuentra liderando la presidencia de la Conferencia de las Partes (COP25) de las Naciones Unidas durante todo este año, lo que refleja el fuerte compromiso climático. Acciones concretas lo demuestran, como el acuerdo entre el Ministerio de Energía y gran parte del sector eléctrico nacional para descarbonizar la matriz energética o la creación de la Mesa Pública-privada de Finanzas Verdes entre el Gobierno, reguladores y sector financiero para generar una agenda de largo plazo que permita identificar e incorporar los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en la toma de decisiones.